A propósito del pedido de facultades para legislar en materia tributaria y su impacto en la tributación municipal

A propósito del pedido de facultades para legislar en materia tributaria y su impacto en la tributación municipal

Por: César Espinoza
Responsable del Área Tributaria

Contacto: cespinoza@moar.pe

Como es de público conocimiento, en días pasados el Poder Ejecutivo remitió al Congreso el proyecto de ley en el que solicita la delegación de facultades para legislar en materia tributaria. Si bien, en nuestra opinión, varias de las medidas propuestas no cumplirían los fines que una reforma de esta naturaleza debería traer consigo en la medida que algunas medidas[1] pueden resultar inapropiadas, consideramos oportuno compartir algunas líneas respecto a la posibilidad de desarrollar o mejorar el marco normativo aplicable a la Ley de Tributación Municipal (LTM).

Actualmente la LTM es una norma que no ha sufrido mayores modificaciones durante su vigencia[2] ante lo cual resulta evidente que esta no grafica la evolución de las relaciones que mantienen los contribuyentes y los gobiernos locales. Teniendo en cuenta lo anterior, sería conveniente que esta norma dinamice y permita una recaudación -la cual redunda en beneficios para la propia localidad y sus pobladores- acorde al marco normativo siempre que no atente contra los derechos de dichos contribuyentes.

Lamentablemente, si bien este proyecto buscaría mejorar la situación actual, en nuestra opinión el Ejecutivo centra su iniciativa en elevar la recaudación[3] de los ingresos municipales sin realizar una reforma de fondo que permita a los contribuyentes contar con reglas de juego claras vinculadas al cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

En este orden de ideas, consideramos que una reforma tributaria en este sentido debería centrarse en dos ejes fundamentales: (i) predictibilidad para la determinación de las obligaciones de los contribuyentes y, sobretodo, (ii) el respeto a la normativa vinculada a la cobranza de los tributos municipales, pues a la fecha hemos apreciado un considerable aumento en la gestión de cobranza que, si bien forma parte de las atribuciones o facultades de los gobiernos locales, muchas veces se desarrolla abusando de la posición de la Administración Tributaria, amparándose en la autonomía con la que cuentan los municipios.  Como es de esperar, esta situación conlleva que los contribuyentes deban asumir costos adicionales en la defensa de sus derechos, aun cuando la posición adoptada por el funcionario a cargo contraviene las propias disposiciones de la LTM y del Código Tributario.  En consecuencia, es importante que en toda reforma se busque mantener el equilibrio entre todos los involucrados, más aún si una adecuada regulación permitirá que los agentes económicos cuenten con la seguridad que sus inversiones se verán protegidas por un marco normativo equitativo.

 

[1]      Nos referimos, por ejemplo, al aumento de tasas del Impuesto a la Renta (IR) para las personas naturales, eliminación en las deducciones que las personas naturales podrán aplicar para la determinación de su IR.

[2]      Incluso el proyecto de ley recuerda que desde la publicación de la Ley N° 27616 (del 29/12/2001) y del Decreto Legislativo N° 952 (del 03/02/ 2004) no se han dado modificaciones a la LTM con el objetivo de mejorar la administración y gestión de la recaudación de los tributos municipales.

[3]      El proyecto de ley establece que se pretende “modificar la Ley de Tributación Municipal a fin de ampliar el ámbito de aplicación de los tributos, su base tributaria, las alícuotas, simplificar su determinación, y optimizar los mecanismos para su cobranza”.

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