Revocación de multa y medida correctiva por cambio de criterio / Regulación Responsiva / Desarrollo de actividades sin IGA como Infracción Permanente

Revocación de multa y medida correctiva por cambio de criterio / Regulación Responsiva / Desarrollo de actividades sin IGA como Infracción Permanente

Por:

Favio Montenegro
Asociado del Área Administrativa y Regulatoria

Contacto: fmontenegro@moar.pe

El Tribunal de Fiscalización Ambiental – TFA, mediante Resolución N° 117-2019-OEFA/TFA-SMEPIM, revocó una resolución de primera instancia que contenía una multa de 15.86 UIT y una orden de cese de actividades, impuesta contra una empresa que supuestamente realizaba “actividades industriales sin contar con Instrumento de Gestión Ambiental aprobado previamente por la autoridad competente”. 

 

De esta decisión es interesante resaltar lo siguiente: 

 

(i) El TFA sostiene que en la Cuarta Disposición Complementaria Final del Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno (RGAIMCI) se dispuso un plazo máximo de tres (3) años a partir de su entrada en vigor para que aquellas actividades que se encontraban en curso presenten su Instrumento de Gestión Ambiental correspondiente, observando las condiciones, plazo y metodología que la autoridad establezca (fundamentos 66 y 67). 

 

En tal sentido, considerando que mediante Resolución Viceministerial N° 015-2019-PRODUCE/DVMYPE-I, PRODUCE señaló que el plazo de adecuación contemplado en la Cuarta Disposición Complementaria Final del RGAIMCI deberá tener presente que mediante Decreto Supremo N° 011-2016-PRODUCE, se aprobaron las metodologías para la elaboración del Instrumento de Gestión Ambiental correctivo, el plazo de adecuación para la presentación del instrumento venció el 27 de junio del 2019. 

 

Entonces, como la empresa presentó su solicitud de aprobación de su Declaración de Adecuación Ambiental (DAA) el 21 de agosto del 2018 ante la autoridad competente, según el TFA, no es responsable por la infracción atribuida. 

 

(ii) Como la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos (primera instancia) había considerado que “la Cuarta Disposición Complementaria Final de RGAIMCI solo resulta aplicable a las actividades en curso a la vigencia del RPADAIM y que hayan sido priorizadas por normas que contengan obligaciones de adecuación ambiental”, lo que dista del criterio expuesto por el TFA, dicho Tribunal, amparándose en el artículo 6.3 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General (TUO de la LPAG), menciona que no es posible declarar la nulidad de la resolución de primera instancia, pues solo ha existido “una apreciación distinta respecto de la aplicación o interpretación del derecho”, por lo que corresponde revocarla 

 

Sin perjuicio de que, en los hechos, la nulidad y la revocación dejarían sin efectos la resolución, sería importante definir concretamente el alcance o presupuestos de esta “revocación”, pues no se encontraría dentro de los casos/supuestos previstos en el artículo 214 del TUO de la LPAG. 

 

(iii) Dentro de los asuntos tratados en este pronunciamiento, también resalta el reconocimiento del TFA de una política de Regulación Responsiva contenida en el RGAIMCI, por medio del cual “se busca ofrecer incentivos para la adecuación antes que sancionar, a fin de lograr eficiencia en el mayor óptimo posible. Ello significa preferir que el administrado realice acciones que permitan reparar, restaurar, rehabilitar o compensar los daños al ambiente que se pudieran haber realizado por la comisión de infracciones a la normativa ambiental, como parte de los instrumentos comando y control” (fundamento 82). 

 

Asimismo, en este pronunciamiento el TFA reitera que el desarrollo de proyectos o actividades sin contar con un Instrumento de Gestión Ambiental constituye es infracción permanente, pues se entiende que se sigue cometiendo hasta que se abandona la situación antijurídica. Por lo que, si bien en este caso concreto, durante la comisión de la infracción hubo un cambio normativo, como la conducta infractora persistió corresponde aplicar la norma material vigente (el RGAIMCI).  

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